En Defensa de los Derechos de los Ciudadanos en Internet

Esta vez no voy a hablar del valor de las inversiones en IT sino que, me hago solidario con el pueblo español (y toda la comunidad europea) ante el avance del lobby de los empresarios de una de las industrias con menor percepción de lo que significa el valor de IT y, sus implicancias en los modelos de negocio y competencia en los mercados libres.

Así como en todo el resto del planeta, esta industria de medios junto a muchos otros actores de otras industrias, en vez de analizar la realidad y darse cuenta de cómo cambian los hábitos de consumo y preferencia de los clientes, han encontrado que la única manera que tiene de proteger sus fuentes de ingreso es LIMITAR O ELIMINAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS.

En Argentina estamos viendo como este fenómeno de avanzar sobre nuestros derechos hasta lo hace público Telefónica de Argentina diciéndonos que ahora con Speedy 2.0 no tenemos restricciones en el uso de las redes P2P. Como no tenemos un sistema de defensa de los consumidores que analice estas informaciones públicas y accione en consecuencia, los ciudadanos sabemos que los proveedores de Internet nos limitan los protocolos que utilizamos y lo hacen PÚBLICO.

Para que no sigan avanzado reproduzco el manifiesto de un grupo de empresas y periodistas, bloggers Españoles preocupados por defender los derechos de los ciudadanos.

Esperemos que la República Argentina, que sabe bastante de limitar o desaparecer derechos de sus ciudadanos, en este caso no siga los pasos de sus colegas europeos.

A continuación el Manifiesto

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles
y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

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